El inesperado fallecimiento del Dr. Néstor Kirchner llevará seguramente a la necesidad de que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner confirme o modifique los cursos de acción de varias iniciativas en las que el ex-Presidente parecía estar directamente involucrado antes de este luctuoso hecho, y que, por su importancia y peso, requieren un seguimiento exhaustivo en el más alto nivel.

La estrategia a seguir en materia de radiodifusión es uno de esos ámbitos. El país se encuentra desarrollando un sistema estatal de Televisión Digital Terrestre, complementado con un sistema satelital para las zonas menos habitadas, con la ambiciosa finalidad de proveer un paquete que llegaría a los 24 canales, incluyendo varias emisoras de aire de Buenos Aires como Canal 7, Canal 9 y Telefé, a toda la población del país. Por otro lado, está en vigencia la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuyo artículo 161 está suspendido en su aplicación por una medida cautelar avalada por la Corte Suprema de Justicia, en tanto ATA, la entidad que agrupa a las emisoras privadas de televisión, ha cuestionado varios artículos en un amparo judicial que está pendiente de resolución, y hay otros planteos contra la reglamentación de la ley.

La Ley 26.522 está para quedarse, a menos que de las elecciones de 2011 surja una distribución de escaños en el Parlamento que les permita a los opositores a las mismas sancionar modificaciones que, probablemente, estén en línea con los amparos presentados y cuestiones relacionadas con los mismos. Estratégicamente, sería arriesgado para quienes se sientan afectados por la ley esperar a que la misma sea derogada o sustancialmente modificada. Tal como sucederá con muchas otras iniciativas del Dr. Kirchner, sus efectos se seguirán sintiendo cualquiera sea el signo del gobierno que surja de las elecciones del año próximo, y probablemente del siguiente también.

Un episodio ocurrido en la convención Caper, el jueves 28, ejemplifica lo que habría que evitar: al iniciarse una mesa redonda sobre la norma digital ISDB-T, a catorce meses de su aceptación por la Argentina, el Ing. Cayetano Grossi, moderador de la misma, lamentó que los canales de TV privados, invitados a participar en el debate, no hubieran siquiera contestado a la propuesta. Simplemente no concurrieron. Sus ausencias privaron al público participante --profesionales calificados de la industria-- de escuchar lo que hubieran sido sus opiniones y posibilitar la formación de puntos de vista más realistas.

La radiodifusión argentina no volverá nunca a la situación anterior a este proceso de reemplazo de la ley 22.285 y sus más de cien modificaciones, por la 26.522. Lo que los broadcasters privados y la industria de TV paga podrían hacer ahora es trabajar para llegar a un nuevo estado de equilibrio, que no está garantizado, entre las emisoras del Estado, las provincias y municipalidades, las organizaciones sin fines de lucro, sindicatos y cooperativas, y la actividad como industria con fines de lucro. Parece improbable que ignorar o eludir el debate pueda llevar a lograr ese equilibrio; como en toda negociación, habrá que ceder cosas, pero ello permitiría conservar lo importante, si se tiene realmente definido en qué consiste.

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